A nivel nacional son 473 los registros y 430 los inscritos
Aunque el Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET) ha emitido diversas sentencias para que funcionarios estatales ingresen al Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del Instituto Nacional Electoral (INE), hasta el pasado 9 de diciembre Tlaxcala no tenía ningún ingreso.
En este sentido, Tlaxcala permanece como uno de los pocos estados que no cuenta con dicho registro, donde Oaxaca encabeza el listado con 133 casos, seguido de Veracruz con 47; Tabasco con 38 y Campeche con 35.
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En total, los registros ascienden a 473, los cuales han sido ordenados por distintas autoridades, la mayoría de estas por tribunales locales, de los cuales solo 430 son las personas inscritas, pues existen algunos que han sido doblemente sancionados.
De igual forma, señala que del total de registros 343 son hombres y 87 mujeres, pero de los primeros 24 han sido reincidentes, uno de ellos en 11 ocasiones, así como 87 mujeres, de las cuales 25 se encuentran en Oaxaca.
De acuerdo con el INE, el Registro tiene por objeto compilar, sistematizar y, en su caso, hacer del conocimiento público la información relacionada con las personas que han sido sancionadas por conductas que constituyan violencia política contra las mujeres en razón de género, mediante resolución o sentencia firme o ejecutoriada emitidas por las autoridades administrativas, jurisdiccionales y penales tanto federales y locales.
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De igual forma, el Registro Estatal de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) no cuenta con registros de personas ingresadas, pues este sistema depende de que el INE realice lo conducente, lo cual no ha sucedido hasta el momento.
En julio de 2023 el TET resolvió que el expresidente y exsíndico de Chiautempan, Héctor Domínguez Rugerio y Nicolás Gutiérrez de Casa, respectivamente, fueran ingresados al Registro Nacional por haber ejercido violencia política en razón de género en contra de Eliuth Hernández Cortés, entonces presidenta de comunidad de Xaxala, perteneciente a ese municipio, pero más adelante la sentencia fue modificada y únicamente cumplieron algunas sanciones.