Las sanciones dependen de la cantidad de litros que hayan sido apropiados de manera irregular
El estado de Puebla reportó un acumulado de 773 denuncias, de enero a octubre de este año, por delitos cometidos por la comercialización o extracción ilegal de hidrocarburos, de acuerdo con datos del gobierno federal. La cifra es 17.5 por ciento menor que las 938 registradas en el mismo periodo del año inmediato anterior.
Según el informe de incidencia delictiva elaborado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) exhibe que en los primeros 10 meses de 2024 se documentaron 3 mil 011 carpetas de investigación por delitos del fuero federal en Puebla, 25.6 por ciento fueron en materia de combustible, siendo el ilícito más reportado.
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A nivel nacional se reportaron 5 mil 536 violaciones a la ley en materia de hidrocarburos, esto se tradujo en que la entidad poblana acaparó el 14 por ciento del total. Ante este panorama, el territorio estatal se mantuvo en primer lugar a nivel país, seguido de Nuevo León con 699 delitos y Estado de México con 675 casos.
Según el reporte de incidencia delictiva, en el año 2019, cuando el gobierno federal inició con el registro público de información, se documentaron mil 481 averiguaciones; destaca que es el año con más reportes.
Para el 2020, primer año marcado por la crisis sanitaria provocada por el coronavirus, el territorio estatal documentó 937 carpetas; para el siguiente año creció a mil 043; en 2022, cuando se eliminaron las medidas sanitarias, hubo 664 ilícitos denunciados; el año pasado el dato repuntó a mil 132 robos.
La Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos castiga a quienes sustraigan hidrocarburos, petrolíferos, petroquímicos, de ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley.
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Las sanciones dependen de la cantidad de litros que hayan sido apropiados de manera irregular, pero van desde 4 a 12 años de prisión y una multa de 4 mil a 17 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente.