IMSS y JFCA dejan en el limbo a poblana, que desde 2017 tramita pensión por invalidez

El repentino cierre de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) en junio pasado, así como las dudas que hubo sobre su destino, prolongaron las trabas que la burocracia le impuso a Guadalupe Vázquez Montaño, una poblana que desde 2017 sufre una discapacidad que le impidió seguir trabajando, para acceder a su pensión laboral que por ley le corresponde.

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“He tratado de atentar contra mi vida, porque la desesperación para mí es mucha (…) Esto sobrepasa humanamente la forma de vivir de uno”, explica la afectada a El Sol de Puebla.

Luego de atravesar un tortuoso proceso físico y emocional, en el que abogados han intentado defraudarla y autoridades no le brindan información útil sobre su caso, entre otras limitantes, Vázquez Montaño se asume atrapada en “la devastadora zanja de la burocracia”.

“Yo dependo de ese dinero. Trabajé duro para que hoy tuviera una pensión. Lo que estoy viviendo no lo pedí. Esta enfermedad yo no la pedí, y mi familia menos. Yo no puedo ser una carga para ellos, porque se supone que trabajé por esto”, declara la mujer.

Aunque en 2023 obtuvo un laudo a su favor, luego de que la autoridad federal ordenó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cubrir los pagos caídos y tramitar la pensión definitiva para la afectada, la poblana sigue sin recibir su dinero ni información al respecto.

La razón del atraso es que el cheque con los fondos de su pensión retroactiva fueron entregados a la JFCA en junio pasado, mientras se detonó el cierre de la oficina federal.

Esto dejó a varios usuarios de la misma, entre ellos Vázquez Montaño, en la incertidumbre sobre el destino de sus expedientes. Cuando la poblana finalmente supo que su cheque había sido transferido a Tlaxcala ya era muy tarde, porque el documento bancario había caducado.

Ahora ni el IMSS ni la JFCA han informado cuándo enviarán un nuevo cheque a la afectada. Y, por si fuera poco, el trámite de su pensión subsecuente se encuentra también en el limbo.

Hoy Vázquez Montaño acusa la ineficiencia del Estado en su búsqueda de obtener la pensión que merece. Para ella, el atraso no sólo constituye una injusticia para ella como trabajadora formal, sino también para sus tres hijos, que dependen física y económicamente de ella.

“No quiero morir sin que mi asunto se resuelva”

Tras perder la fuerza física para seguir trabajando para una abastecedora de Volkswagen, en la que laboró por más de una década, la poblana tramitó de forma inmediata su pensión por invalidez. Esto luego de cumplir con los lineamientos del Régimen de la Ley del Seguro Social de 1997, que señalan que ésta puede obtenerse si el obrero cotizó por 250 semanas o más, o bien si un médico acreditó la invalidez de la persona, situación en la que ella encaja.

Sin embargo, el IMSS le impuso varios obstáculos legales, argumentando inicialmente que su padecimiento, una sinovitis vellonodular pigmentada –que produce, entre otras cosas, dolor crónico y daños articulares–, no era lo suficientemente dañino como para decretar su invalidez física.

“No quiero formar parte de la estadística en la que la gente muere porque sus asuntos nunca se resuelven. Creo que tengo derecho a eso. Ya han pasado muchos años y uno se vuelve dependiente de las personas. Si no fuera por ellos (sus hijos), ¿quién me iba a ayudar?”, remarca.

Dolor y desesperación

Para Vázquez Montaño, el tortuoso camino que vive empezó a finales de 2018. Durante sus vacaciones navideñas, comenzó a tener intensos dolores en la pierna que rápidamente evolucionaron hasta la paralización de dicha extremidad.

En los primeros días del año entrante, Vázquez Montaño acudió al IMSS para solicitar una evaluación médica de urgencia. Esto ocurrió mientras su rodilla presentó un absceso de gran tamaño, situación que complicó aún más su movilidad.

Tras la realización de varios estudios clínicos, entre ellos un par de artroscopias, médicos del IMSS le diagnosticaron la sinovitis vellonodular pigmentada. Todo este proceso no fue rápido, pues pasaron aproximadamente 10 meses para que la afectada conociera su situación.

Hasta octubre de 2018 especialistas a su cargo le notificaron que su padecimiento era crónico-degenerativo. Es decir, que no tiene cura, y que sólo es posible tratarlo. Además, le indicaron que las posibilidades de recuperar algún día la movilidad eran prácticamente nulas.

Antes de sufrir el padecimiento, la mujer era una reconocida trabajadora en una empresa que abastecía de bordados y tejidos para marcas automotrices como Volkswagen, Audi y Jeep. Meses antes de entrar en la fase más grave de su enfermedad, fue promovida como líder de su grupo.

Su trabajo lo obtuvo en 2007, sin embargo, desde que tiene 14 años de edad ha tenido una vida laboral activa.

Actualmente es madre de dos adolescentes de 21 y 16 años de edad, además de un niño que tiene 4 años de edad. Vive en un departamento rentado de la colonia Reforma Sur.

Según la afectada, vivir sin un ingreso fijo ha sido complejo para la subsistencia de su familia. Considera que los atrasos de la autoridad son un acto de injusticia, no solamente para ella como trabajadora, sino también para sus hijos, que han sido los más afectados por la falta de recursos económicos.

“Tengo hijas que están estudiando, y que son excelentes en la escuela (…) Yo no puedo quitarles eso. No puedo decirles ‘no estudien porque no tengo dinero’. Sin embargo, todos los días se van a la escuela sin que yo, por ejemplo, les ponga algo de desayunar; porque si les pongo para el desayuno me quedo sin dinero para el pasaje”, señala la poblana.

A consecuencia de su situación, Vázquez Montaño relata que su hija mayor ha tenido que trabajar, no sólo para apoyar en los gastos del hogar, sino también para pagar su carrera universitaria en Computación, misma que está próxima a finalizar.

Los problemas financieros y la preocupación sobre el desenlace de su caso le han traído también consecuencias anímicas. Afirma que enfrentar su padecimiento y las presiones de mantener a sus hijos han sido procesos tortuosos, que la han llevado incluso a enfrentar crisis emocionales.

IMSS no concedió dictamen de invalidez

Entre finales de 2018 e inicios de 2019, Vázquez Montaño y su familia realizaron los trámites necesarios para que el IMSS aprobara una pensión temporal, situación que fue aceptada por el organismo federal.

No obstante, en ese mismo 2019 el IMSS le indicó que era necesario solicitar una pensión definitiva, pues el pago temporal duraría únicamente ese año. Pese a ello, el organismo dejó de pagarle dicho recurso desde octubre, es decir, meses antes de finalizar el año.

Ante ello, Vázquez Montaño acudió a la delegación estatal del instituto, con la finalidad de obtener un certificado de invalidez. Para ello, fue revisada por algunos médicos, quienes consideraron que el padecimiento de la poblana no era suficiente para decretar su invalidez.

Esto le causó inconformidad y pidió de forma inmediata audiencia con directivos del IMSS. Tras realizarle una segunda revisión, producto de esta solicitud, le indicaron que su caso ameritaba invalidez definitiva. Sin embargo, no le dieron el dictamen que buscaba, dejando su caso nuevamente en la incertidumbre.

Frente a esta situación, y luego de tramitar sin éxito su incapacidad en al menos dos ocasiones, Vázquez Montaño demandó al organismo ante la JFCA. Su expediente, fichado bajo el folio 259/2021, fue ingresado formalmente en febrero de 2021.

No obstante, fue hasta agosto de 2023 cuando, tras un arduo proceso, la afectada obtuvo el laudo a su favor. Esto fue posible, entre otras cosas, gracias a que tres peritos, uno del IMSS, otro federal y uno particular (pagado por la afectada por obligación legal), coincidieron en que su padecimiento era causal de invalidez.

Luego de esto, a finales de ese año inició el proceso para cuantificar el monto de sus pensiones caídas. Tras dicho proceso, el IMSS aceptó pagar las pensiones caídas, por lo que envió un cheque a la JFCA. Todo esto ocurrió en junio.

Cuando visitó la oficina, Vázquez Montaño descubrió que la misma se encontraba cerrada. Luego de buscar desesperadamente conocer el estado y ubicación de su pago, la mujer supo que el pago había sido trasladado al estado de Tlaxcala. No obstante, esto no fue así, pues el documento se envió ahora a la Ciudad de México. Sin embargo, cuando supo esto el cheque ya no era válido, pues su fecha de caducidad había expirado.

Después, la poblana ha buscado respuestas, sin embargo, ni la JFCA ni el IMSS le han informado sobre la fecha en la que emitirán un nuevo cheque para ella.

“De tenerlo hace pocos meses (el laudo y el cheque), ahora no sé ni dónde está mi expediente”, repite Vázquez Montaño.

Aunado a lo anterior, la falta de certeza sobre su caso ha provocado que tampoco tenga certeza sobre cuándo recibirá los pagos subsecuentes de su pensión, pues, aunque tiene el laudo a su favor, ninguna de las dos dependencias le ha informado sobre ello.

Esto sin contar que los traslados que ha realizado para buscar respuestas han sido costosos, pues ella no puede siquiera caminar distancias cortas.

“Hay taxis que ni siquiera me han querido levantar. Me dijeron ‘no, no podemos subir la silla [de ruedas]. Es un costo extra si la sube’. Son 300 pesos por viaje, ¿cuántas veces tengo que estar parada afuera de las instituciones para que al final del día nadie me atienda? Es desgastante, y ese dinero que voy a ocupar para un taxi mejor lo voy a usar para comer”, apunta.

Pese a que desconoce el monto exacto del pagaré, la mujer estima que por cada año su pensión es de aproximadamente 79 mil pesos anuales, esto tomando en cuenta su último salario al momento de ser obrera.

Finalmente, es importante señalar que El Sol de Puebla buscó las posturas de la JFCA y del IMSS por separado, con la finalidad de conocer el avance del proceso de Vázquez Montaño. No obstante, hasta el momento no se ha recibido respuesta oficial ante las solicitudes.