El recurso que recibirán los ayuntamientos para 2025 no se modificará, así que deberán invertir en mejorar esos espacios, señaló
Debido a que el presupuesto que recibirán los municipios no sufrirá cambios para este 2025, la diputada Gabriela Hernández Islas, primera legisladora local con discapacidad, espera que los ayuntamientos le apuesten a invertir en infraestructura accesible, de ahí que buscará mantener diálogo con los alcaldes para invitarlos a impulsar esas opciones.
Hernández Islas señaló que buscan que los primeros cuadros de las ciudades tengan esa accesibilidad para todas las personas con discapacidad y, sobre todo, que las entradas a los edificios públicos de gobiernos municipales puedan ser accesibles para todas las personas que padecen alguna discapacidad.
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En este sentido, adelantó que también ha sostenido pláticas con el Comité de Administración del Congreso local para lograr que el edificio legislativo sea accesible pero, sobre todo, por ejemplo que también existan baños adecuados para este sector de la población.
Hace unos días la diputada Miriam Martínez Sánchez habló de unas estancias de lactancia y, aunque también hay que apostarles, de igual forma es necesario modificar nuestro Congreso para que sea accesible a todas y todos. Sí hay apertura por parte del Comité para ello, simplemente hay que esperar a que se destine el dinero para esa parte, precisó.
Lo anterior, señaló, ante la posibilidad de un recorte a obra pública estatal para destinarlo a salud, de ahí que apostarle al tema de salud es primordial e imprescindible, pues pueden tener banquetas mal hechas, no les pasa nada y pueden sortearlo, pero sin salud no pueden hacer nada, entonces apostarle al tema de la salud es imprescindible.
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Finalmente, indicó que esperará a que el año siguiente se le apueste un poco más a infraestructura y, evidentemente, ver la manera de adaptar poco a poco esa parte del presupuesto, para precisamente que la infraestructura del estado, incluso de la ciudad capital, se fomente de manera accesible.
La infraestructura estatal no está adaptada para que personas con discapacidad transiten libremente sin sufrir algún percance o exponer su integridad.