El Legislativo concluyó con este trabajo antes del plazo establecido en la ley
Con la reprobación de 11 cuentas públicas de los municipios de Tetlatlahuca, San Pablo del Monte, Yauhquemehcan, Tepeyanco, Muñoz de Domingo Arenas, Santa Cruz Quilehtla, Santa Apolonia Teacalco, San Francisco Tetlanohcan, Santa Isabel Xiloxoxtla y Terrenate, así como de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Zacatelco, el Congreso del Estado culminó el proceso de dictaminación de los estados financieros correspondientes al primer semestre de 2024.
Sin embargo en el caso del municipio de Santa Ana Nopalucan fue determinado que la cuenta pública del ejercicio fiscal para los periodos del primero de enero al 15 de abril, del 30 de abril al 3 de mayo, del 4 de mayo al 9 de junio y del 10 al 30 de junio fuera aprobada, mientras que el periodo del 16 al 29 de abril fue no aprobado.
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Con un porcentaje del 47.5 % de 100 puntos posibles, el municipio de Tetlatlahuca reprobó sus estados financieros, pues le detectaron irregularidades por dos millones 482 mil 833 pesos; así como San Pablo del Monte, que no aplicó de manera correcta recurso por más de 18 millones de pesos; Yauhquemehcan, que presentó anomalías por cinco millones 332 mil pesos; y Tepeyanco con un millón 992 mil pesos.
De igual forma Muñoz de Domingo Arenas, que presentó anomalías por más de un millón 400 mil pesos; Santa Cruz Quilehtla, por un millón 400 mil pesos; Teacalco, por más de un millón 700 mil pesos; Tetlanohcan, con un millón 900 mil pesos; Xiloxoxtla, con un millón 423 mil pesos; Terrenate, por cinco millones 500 mil pesos; así como la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Zacatelco, malos manejos por más de 775 mil pesos.
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Las aprobadas
Por el contrario, las cuentas públicas que alcanzaron la puntuación suficiente para ser dictaminadas en sentido aprobatorio corresponden a los municipios de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Benito Juárez, Cuapiaxtla, Nanacamilpa, San Luis Teolocholco y San Damián Texoloc.
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Finalmente, los servidores públicos de los entes fiscalizados están obligados a sujetarse a los procedimientos de responsabilidad administrativa y/o penal o cualquier otro que legalmente resulte procedente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.