Entre las acciones denunciadas estuvo la falta de legalidad, honradez, lealtad, entre otras
Un total de 114 expedientes de queja por violaciones a derechos humanos presuntamente cometidos por autoridades federales registró Puebla de enero a agosto de este año, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Así lo exhibió el Sistema Nacional de Alerta de Violaciones a los Derechos Humanos, donde el organismo defensor de los derechos humanos registra los señalamientos relacionados con instituciones de carácter nacional.
En los primeros ocho meses de este año se reportaron 114 expedientes en proceso de atención en la entidad poblana. Más de la mitad de los casos se concentraron en el municipio de Puebla ya que sumó 63 quejas, el resto se distribuyó en demarcaciones como Atlixco, San Martín Texmelucan, Cuautlancingo, San Salvador Huixcolotla, Tehuacán y San Pedro Cholula.
Además de Huejotzingo, San Andrés Cholula, Tepeaca, Ahuazotepec, Amozoc, Chalchicomula de Sesma, Chignautla, Coronango, Izúcar de Matamoros, Oriental, Palmar de Bravo, Quecholac, San Matías Tlalancaleca, San Nicolás Buenos Aires, Santa Isabel Cholula y Zacatlán.
Las acusaciones van en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); Instituto Nacional de Migración (INM); el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE); la Secretaría de Bienestar; la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
También denunciaron a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA); la Comisión Federal de Electricidad (CFE); la Guardia Nacional; la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugios (COMAR); y la Fiscalía General de la República (FGR), por cometer presuntas violaciones a los derechos humanos.
Entre las acciones denunciadas estuvo la falta de legalidad, honradez, lealtad; presentar indebidamente el servicio público; obstaculizar o negar la prestación del servicio; acciones y omisiones que transgredieron los derechos de grupos históricamente vulnerados; trato cruel e inhumano; entre otros.
Por último, hay que mencionar que este sistema busca monitorear y advertir sobre las situaciones de riesgo de la población civil por los efectos a las violaciones de los derechos humanos por parte de autoridades.