Mientras las autoridades carecen de capacidad para solucionar el problema de agua, las constructoras privadas ofrecen exclusividad a residentes
De enero de 2023 a mayo de 2024, los municipios de San Andrés Cholula y Ocoyucan, amenazados por la expansión inmobiliaria de viviendas de alto poder adquisitivo, registraron el mayor número de casos de perforaciones ilegales de pozos de agua a nivel estatal, según reveló la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en la solicitud de información 330009424001817, obtenida a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
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Con cuatro de los 28 casos registrados en el estado, estos municipios encabezan las cifras de pozos clausurados por el organismo, en comparación con otros municipios. Sin embargo, los datos de Conagua representan un subregistro de la realidad en la zona, ya que el incremento de espacios privados (fraccionamientos y clústeres) dificulta el acceso de las autoridades locales para sancionar estas excavaciones. En otras palabras, la restricción del paso favorece este delito, advierten especialistas.
A pesar de la posible disparidad en los registros, los datos de Conagua son alarmantes, ya que reflejan que, ante la incapacidad de las autoridades de ambos municipios para dotar de agua a su creciente población, se están tomando vías ilegales para garantizar el suministro. Además, estos datos son un síntoma de la falta de regulación a la industria inmobiliaria por parte de dichos ayuntamientos, según opina Ana Paula Muñoz Fierro, representante del Consejo de Participación Ciudadana de Movilidad, en una entrevista con este diario.
Los pozos evidencian la falta de regulación a las inmobiliarias, porque se requieren grandes cantidades de agua para construir y mantener el estilo de vida en Lomas de Angelópolis (uno de los complejos residenciales de la zona). Si comienza a faltar el suministro, deja de ser negocio (…) Hay una relación directa entre el aspiracionismo de vivir en Lomas y el hecho de que esos pozos ilegales existan, señala.
En otras palabras, la excavación ilegal de estos pozos es una medida desesperada para garantizar el suministro de agua a los nuevos residentes y, a la vez, mantener la imagen lujosa de este complejo residencial, apunta.
Cabe mencionar que estos territorios ocupan el segundo y tercer lugar entre los municipios poblanos con mayor crecimiento poblacional entre 2010 y 2020. Durante ese periodo, San Andrés Cholula creció un 53.8% y Ocoyucan un 65.9%, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Otros municipios donde se registró la excavación ilegal de pozos durante el mismo periodo son Puebla con dos casos, Tlacotepec con uno, Tepanco con dos, Santa Isabel Cholula con uno, Cupiaxtla con uno, Tepexi con dos, Huatlatlauca con dos, San Pedro Cholula con dos, Palmar de Bravo con uno, Los Reyes de Juárez con uno, Quecholac con dos, Zacapala con uno, Tehuacán con dos, Santiago Mihuatlán con uno, Xoxtla con dos y Cuautlancingo con un registro.
POZOS ILEGALES: UN PROBLEMA SOCIAL Y AMBIENTAL
Un ejemplo de este problema es Lomas de Angelópolis, que, al mantener un régimen de condominio, no solo excluye a la población originaria por sus espacios privados, sino que complica la labor de Conagua y las autoridades locales para detectar, clausurar y evitar la perforación de dichos pozos, insiste Muñoz.
“Es difícil que quienes viven ahí denuncien, porque lo ven como un beneficio directo, sin darse cuenta de que afectan al resto de la población”, comenta.
Por su parte, María Eugenia Ochoa García, activista por la defensa del agua e investigadora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), señala que la incidencia delictiva en la zona evidencia que el modelo de gestión del agua ha fracasado en ambos municipios, ya que no es sustentable ni cubre la demanda de su población.
“Estamos viendo que no hay un buen gobierno del agua. La perforación plantea que se está cubriendo una demanda que no está siendo atendida por el modelo de gestión actual”, agrega.
Este delito no solo representa un problema social, sino que, a nivel ambiental, ocasiona diversos impactos negativos, como la explotación del subsuelo, la inequidad en el acceso al servicio y el fenómeno conocido como “huachicoleo de agua”, que define el robo ilegal de agua con fines económicos, explica Ochoa.
“Evidencia una crisis en el acceso al agua, ya que se recurre a otras vías, como los pozos, lo que a su vez revela que Conagua no ha realizado la labor de supervisar que no se excaven, y que no se garantiza la disponibilidad en aquellas perforaciones que sí cuentan con permisos”, afirma.
EL PROBLEMA REQUIERE UNA SOLUCIÓN INTEGRAL
Según las especialistas, este problema requiere una atención integral, no solo por parte de las autoridades, sino también de la población. Para que el organismo pueda detectar este delito en espacios privados, es indispensable que quienes tienen acceso denuncien.
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En el municipio de San Andrés Cholula, el colectivo “Cholultecas Unidos en Resistencia” ha logrado evidenciar algunas perforaciones ilegales en la zona, las cuales han sido atendidas por Conagua, a pesar de no tener acceso a estos espacios privados. Tal es el caso de un pozo ubicado en San Antonio Cacalotepec, que supuestamente fue realizado por un inversionista de origen árabe en mayo de 2023. No obstante, en Ocoyucan, la participación ciudadana sigue siendo limitada.
Ochoa concluye que un paso esencial para disminuir la incidencia de este delito, de cara al cambio de administraciones municipales, es la actualización de los planes de ordenamiento territorial en San Andrés y Ocoyucan. Estos deben contar con la participación de la población originaria y los nuevos residentes, ya que, inevitablemente, las consecuencias del “huachicoleo” afectarán a ambos sectores.