Los candidatos fueron el sector más afectado, de acuerdo con el estudio Votar Entre Balas, elaborado por Data Cívica
En 2024 Puebla vivió su proceso electoral más violento desde la última elección presidencial. Durante los primeros siete meses de este año, 42 personas relacionadas al contexto democrático, entre candidatos, familiares y funcionarios, fueron víctimas de amenazas, atentados, secuestros y hasta asesinatos. De esta ola, los candidatos fueron el sector más afectado, de acuerdo con el estudio Votar Entre Balas, elaborado por Data Cívica.
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En los seis años transcurridos desde los últimos comicios presidenciales, hubo un total de 99 víctimas, distribuidas de la siguiente manera: en 2018 fueron 18 agresiones, luego en 2019 la cifra disminuyó a seis. En 2021 hubo cuatro personas que sufrieron algún tipo de ataque, mientras que un año después la cifra subió a 14, y en 2023 incrementó ligeramente a 15.
El estudio Votar Entre Balas fue realizado por Data Cívica, México Evalúa y Animal Político, y tuvo el objetivo de crear una base de datos sobre el contexto violento que se vivió a lo largo y ancho de todo el país durante los procesos electorales, para darle seguimiento y buscar incidir en las políticas públicas que ataquen esta situación.
Seis víctimas por mes en 2024
En el periodo comprendido del 1 de enero al 7 de julio de este año, Puebla tuvo 42 víctimas de violencia político–criminal, en su modalidad de amenaza, atentado, ataque armado y asesinato, donde los candidatos, fuerzas de seguridad fuera de combate y funcionarios fueron los más afectados.
De acuerdo con los datos, siete de los ataques ocurrieron en Puebla, uno de los municipios más destacados por su importancia política y geográfica, el resto se registraron al interior del estado, por ejemplo, Jolalpan (3), Cuetzalan del Progreso (5), Tehuacán (2), Tehuitzingo, Izúcar de Matamoros, Oriental, en estos últimos hubo un caos.
El asesinato del candidato Jaime González Pérez, quien buscaba la presidencia municipal de Acatzingo, resonó a nivel estatal y nacional porque fue el primer asesinato que manchó el proceso electoral, a una semana de iniciar oficialmente las campañas electorales.
El morenista conocido por el apodo de “El Maizero”, fue acribillado por cuatro sujetos en su negocio de compra-venta de vehículos, y aunque la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidad, hasta la publicación de este texto no hay noticias sobre el caso.
Aunque su caso fue uno de los más sonados en Puebla, el estudio contabilizó 10 asesinatos, distribuidos de la siguiente forma: dos contra candidatos, cuatro contra funcionarios, tres contra familiares de las personas inmersas en la política, uno contra integrantes de partido y cuatro de fuerzas de seguridad fuera de combate.
El segundo asesinato de un varón que buscaba un cargo de elección popular corresponde a Jorge Huerta Cabrera, candidato a regidor en el municipio de Izucar de Matamoros, que fue asesinado a finales de mayo.
Según los gráficos, en los primeros siete meses de este año hubo 10 amenazas, seis contra candidatos, dos contra autoridades de elección popular y dos más contra fuerzas de seguridad, fuera de combate. En lo que respecta a los secuestros, un delito que atenta contra la libertad, hubo nueve, seis hacia los candidatos y tres contra fuerzas de seguridad fuera de combate.
Para el doctor en Ciencias de Gobierno y Políticas, Hervey Rivera González, las cifras demuestran que el estado ya no es el territorio donde gobierna la tranquilidad, como sucedía en años atrás, y es un llamado para las autoridades, con el fin de atender este tema.
Alertó sobre la vulnerabilidad que sufren las personas que aspiran a un cargo, porque es una situación que afecta a todos por igual, sin importar si partido político, nivel del cargo que buscan, sexo y edad.
“Candidatos a mí me llama la atención, porque no necesariamente se hace con los que tienen ganas de ganar, no queda claro cuál es la motivación, si son mensajes a las autoridades municipales, estatales. ¿Por qué atentar contra la vida de los candidatos de todos los partidos?”, cuestionó.
Desde su perspectiva, el mecanismo de protección a los aspirantes a un cargo de elección popular sí funcionó, pero, fueron más de dos mil personas, así que, sería imposible asignarles personal a todos para custodiarlos.
El doctor y docente de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), consideró que el triunfo de Morena y aliados se verá reflejado en más coordinación, que, a su vez, desencadenará en políticas públicas que atiendan la inseguridad, una de las principales demandas de los ciudadanos.
Puebla, top tres a nivel nacional
A nivel nacional la violencia político–criminal es igual de alarmante, porque el territorio poblano se colocó como en tercer lugar con el mayor número de violencia de este tipo, por debajo de Chiapas y Guerrero, donde se registraron 53 casos para cada entidad.
Según la investigación, durante los primeros siete meses de este año, hubo 417 hechos violentos como amenazas, atentados o incluso asesinatos, en contra de políticos, candidatos o personas que intervinieron en las elecciones.
En este sentido Chiapas fue el estado con el mayor número de casos con 55 al corte del 30 de junio, seguido por Guerrero con 53 y en tercer lugar Puebla, con 45. En contraste, Tlaxcala y Campeche fueron los estados con el menor número de agresiones, al contabilizar dos casos cada uno.