La mayoría de los centros de reclusión están en hacinamiento y sobrepoblación
Los 13 penales estatales de Hidalgo reprobaron en cuanto al cumplimiento de la atención de los derechos humanos, al obtener un promedio de 5.70 durante 2023, siendo los centros de reinserción de Ixmiquilpan, Huichapan, Jacala, Molango y Tenango los que tuvieron los niveles más bajos, de acuerdo con el Diagnóstico Nacional Sobre Penitenciarias, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El estudio nacional reveló que el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ixmiquilpan tuvo una calificación de 4.77, mientras que de Huichapan fue de 4.79, mientras que de Jacala 3.57, mientras que de Molango fue de 4.78 y de Tenango de 4.45 unidades.
De acuerdo con el diagnóstico de la CNDH, el de la Huasteca Hidalguense tuvo 6, mientras que de Pachuca 7.03, Tula con 7.26, Tulancingo con 6.12, Actopan con 6.15, Mixquiahuala con 6.10, Apan con 6.06, y Pachuca con 7.07 unidades, por lo cual ninguno de los penales del estado tuvo una calificación satisfactoria.
Entre los componentes de calificación que analizó la CNDH se encuentran los aspectos que garantizan la integridad de las personas privadas de la libertad, aspectos que garantizan una vida digna, condiciones de gobernabilidad, reinserción social de las personas privadas de la libertad y grupos de personas privadas de la libertad con necesidades específicas.
Asimismo, los penales del estado presentaron hacinamiento y sobrepoblación, pues en el caso de Pachuca tiene una capacidad de mil 655 personas recluidas, pero en la actualidad cuenta con dos mil 11 reos, en tanto que el de Tula tiene para 532 y en la actualidad hay 635 presos.
Esta situación se replica en Tulancingo, donde tienen una capacidad de 336 personas privadas de la libertad y hay 530 presos, mientras que en Ixmiquilpan tiene un cupo para 65 y hay 200 reos, por lo cual la mayoría de los Ceresos han superado su capacidad máxima.
En el penal de Pachuca, la CNDH detectó falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en el caso de detección, hacinamiento y sobrepoblación, así como deficientes condiciones de materiales e higiene en las instalaciones para alojar a las personas privadas de la libertad, inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para la comunicación en el exterior.
Además, identificó ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad con autogobierno y cogobierno, así como la insuficiencia de personal de seguridad y custodia, presencia de actividades ilícitas, deficiente separación entre procesados y sentenciados, así como la inadecuada clasificación de personas privadas de la libertad.
De esta manera, Hidalgo se ubicó por debajo del promedio en cuanto al cumplimiento de las medidas de cuidado de los derechos humanos en los penales estatales, y sólo los de la Huasteca Hidalguense, Huichapan, Pachuca, Tula, Tulancingo, Actopan, Mixquiahuala, Apan y el femenil de Pachuca, los únicos que presentaron condiciones de mejoramiento con respecto a 2022.
Pero los penales de Ixmiquilpan, Jacala y Molango mostraron un empeoramiento en las condiciones de atención a los presos y sólo el de Tenango se mantuvo en el mismo nivel en la variación anual.
La CNDH evaluó las condiciones en las que se encuentran los penales del país, por lo cual en el caso de Hidalgo sólo registró una fuga el año pasado, aunado a que no se presentaron riñas en el interior de los penales, pero una persona mostró tendencias suicidas en el interior de los mismos.
También la CNDH contabilizó un deceso de una persona a consecuencia de un homicidio en el interior de un penal en el estado, además de ocho presos que padecen VIH-Sida y nueve mujeres embarazadas en los centros de reclusión del territorio estatal.
Aunque en los 13 penales del estado los presos realizaron actividades económicas remuneradas, sólo en uno se consideró que los ingresos fueron suficientes para satisfacer sus necesidades, mientras que la mayoría señaló que n se alcanzó esta situación.