Desde las páginas del artículo original de Leonardo Herrera en Punto por Punto Noticias, emerge un relato revelador sobre las acusaciones que rodean al diputado Jorge Hernández Araus. Este extracto detalla las complejidades de lo que se ha denominado la «Estafa Siniestra«, destacando el presunto papel del legislador en el manejo y desvío de fondos públicos.
Hace dos años, en un restaurante al sur de la capital, comenzó a gestarse un acuerdo entre el diputado morenista con licencia y hoy alcalde electo de Cuautepec, Jorge Hernández Araus, y el alcalde de Tepeji del Río, Salvador Jiménez Calzadilla. Hernández Araus propuso a Jiménez Calzadilla acceder a «recursos públicos extraordinarios» del gobierno estatal, con la única condición de que el dinero fuera transferido a empresas y personas morales específicas. No hubo objeciones y el trato se cerró en la mesa.
Inicialmente, se destinaron 10 millones de pesos, seguidos por 18 millones más, sumando un total de 88 millones de pesos, en entregas posteriores de 50 y 10 millones respectivamente. Esto según la declaración del presidente municipal priista en la carpeta de investigación 12-2023-11058 de la Procuraduría de Justicia del Estado.
Según el expediente en manos de este columnista, Jiménez Calzadilla testificó que Hernández Araus, integrante del Grupo Universidad (GU), le aseguró que se encargaría de todo junto con la entonces secretaria de Finanzas, Jessica Blancas Hidalgo. Acordaron nombrar representantes para manejar los trámites, comprobaciones y transacciones.
Por parte de Jiménez Calzadilla, el encargado fue el tesorero del ayuntamiento, Edgar Chávez Pineda, mientras que Orlando Gayosso Hernández, un contratista registrado en el Padrón de Proveedores del gobierno estatal, operaría por parte del legislador y Blancas Hidalgo. Los trámites fueron realizados por Minerva Corona Trejo, ex secretaria técnica de la Secretaría de Finanzas; Karina Barrios Vázquez, ex directora de contabilidad gubernamental, y Verónica Vizzuet Balderas, ex coordinadora de planeación financiera, actualmente recluida en el Cereso de Pachuca por presunto peculado.
En la Carpeta de Investigación se establece que los primeros 10 millones de pesos fueron depositados el 12 de mayo en la cuenta bancaria número 118699585 de BBVA a nombre del ayuntamiento de Tepeji. Aquí es donde comienzan las presuntas irregularidades, ya que todo el monto se adjudicó a Orlando Gayosso, quien, sin personalidad jurídica, ordenó al tesorero municipal Edgar Chávez transferir el dinero. Gayosso detalló que su contadora, Rufina Flores Revorada, enviaría las facturas y las propuestas de ejecución de obras y servicios.
El arrendamiento de maquinaria, la compra de material eléctrico, fletes y acarreos, por los que se pagaron los 10 millones, nunca se realizaron ni se justificaron con las facturas correspondientes.
A pesar de estas irregularidades, Jiménez Calzadilla se reunió nuevamente con Hernández Araus un mes después en el mismo restaurante. Esta vez, Hernández Araus le ofreció otros 18 millones de pesos bajo la misma condición de transferirlos a personas y empresas específicas. Jiménez expresó su preocupación por la falta de comprobación, pero Hernández Araus le aseguró que no había de qué preocuparse.
En seis días, se transfirieron 18 millones de pesos a las empresas indicadas por Orlando Gayosso, para conceptos como compra de cemento, fletes, acarreos, materiales mecánicos, arrendamiento de maquinaria, lubricantes, material eléctrico, materiales de oficina, renta de equipo de transporte, materiales de construcción y reparación, material de limpieza, servicios de limpieza y separación de desechos, artículos metálicos, gastos de orden social, materiales y accesorios.
Tratando de evitar el proceso y la cárcel por delitos relacionados con la llamada «Estafa Siniestra», el alcalde de Tepeji del Río, Salvador Jiménez, implicó a más personas, señalando a Aldo Araujo, ex director de administración de la Secretaría de Gobierno (SEGOBH), de promoverle 10 millones de pesos bajo el mismo esquema. Según Jiménez, esto fue por órdenes del entonces titular de la Segobh, Simón Vargas. Jiménez accedió porque eran sus superiores jerárquicos y veía un beneficio para el municipio.
Hasta ahora, solo el ex director de administración de la SEGOBH ha sido vinculado a proceso por el juez Jesús Anim Ope, quien afirmó que si alguien debería estar encarcelado es el alcalde de Tepeji del Río, Salvador Jiménez, y su tesorero Edgar Chávez, sin descartar la probable responsabilidad del diputado con licencia y alcalde electo Jorge Hernández y todos los involucrados en este presunto desvío de dinero público.
Además, en los pasillos del Poder Judicial y de la Procuraduría de Justicia se comenta que debe investigarse el posible tráfico de influencias y conflicto de intereses de la jueza Karina Vertiz, quien tiene acceso a carpetas de investigación relacionadas con la «Estafa Siniestra». En estos casos, su esposo, Jesús Constantino Campos Licona, aparece como defensor jurídico. Una de sus clientas es Verónica Vizzuet, ex coordinadora de planeación financiera, vinculada a proceso por peculado.
Por otro lado, el ex director de Radio y Televisión de Hidalgo, Sergio Islas Olvera, podría enfrentar una pena de entre 8 y 9 años por el delito de peculado de más de 144 millones de pesos. Sin embargo, conmutada con los beneficios del internamiento, podría quedar libre en 4 años y medio. La acusación de la Fiscalía Anticorrupción es considerada endeble y mal planteada, lo que impediría al tribunal aplicarle la pena máxima. «Están viendo y no ven», como diría el clásico, sobre la reforma judicial y la situación actual.