Esta cifra representó un ligero incremento del 6.8 por ciento, respecto a las 421 carpetas de investigación iniciadas en el mismo periodo del año anterior
Puebla reportó 450 casos de comercialización o extracción ilegal de hidrocarburo y con ello se mantuvo en primer lugar a nivel nacional con el mayor número de ilícitos, según el informe elaborado por el gobierno federal.
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De acuerdo con el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el periodo de enero a mayo de este año se iniciaron más de 400 carpetas de investigación en territorio estatal por delitos del fuero federal relacionados con la extracción ilegal, compra, distribución y/o comercialización de hidrocarburo.
Ante esto, Puebla se mantuvo como la entidad del país con más delitos relacionados con la sustracción ilegal de hidrocarburo, infringiendo la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.
Esta cifra representó un ligero incremento del 6.8 por ciento, respecto a las 421 carpetas de investigación iniciadas en el mismo periodo del año inmediato anterior.
A nivel nacional, el Secretariado Ejecutivo contabilizó de enero a mayo de este año un total de dos mil 861 violaciones a la ley en materia de hidrocarburos documentadas ante autoridades.
Después de la entidad poblana se ubicó Estado de México con 349 y Nuevo León con 310 e Hidalgo con 253 carpetas de investigación.
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Este ilícito del fuero federal en la entidad se ha comportado de la siguiente manera, en 2019, cuando el gobierno federal inició con el registro de información, se documentaron mil 481 averiguaciones; 2020 se sumaron 937; 2021 con mil 043; 2022 tuvo 664; y 2023 cerró con mil 132 reportes.
Hay que mencionar que la ley del fuero federal castiga a quienes sustraigan hidrocarburos, petrolíferos, petroquímicos, de ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley.
Las sanciones dependen de la cantidad de litros que hayan sido apropiada de manera irregular, pero van desde 4 a 12 años de prisión y una multa de 4 mil a 17 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente.