El Congreso también emitió un serie de decretos mediante los cuales se instruye a la ASE iniciar procesos de determinación de responsabilidades contra 16 expresidentes
Los ex ediles de Atzizihuacán y Santiago Miahuatlán, Santiago Marín Domínguez y Juan Alcántara Balderas, respectivamente, serán sancionados económicamente y con la inhabilitación para ocupar cargos públicos, tras avanzar el Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en su contra y conforme establecen los decretos publicados en el Periódico Oficial del Estado (POE).
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El Congreso Local también emitió un serie de decretos mediante los cuales se instruye a la Auditoría Superior del Estado (ASE) iniciar procesos de determinación de responsabilidades contra 16 ex ediles, que gobernaron en el periodo 2014 – 2018 y no solventaron observaciones correspondientes a la cuenta pública del 2016.
Se trata de los ex presidentes municipales de Acatzingo, Carlos Alejandro Valdez Tenorio, del PRI; de Ahuehuetitla, la petista Marbella Pilar Tlatelpa Bravo; de Ajalpan, el priísta Gustavo Salomon Lara Torres; de Atzala y emanado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Alberto Ramos Moran; de Atzizintla, el perredista José Isaías Velázquez Reyes; de Chiautzingo, José Ramiro López Medina del PVEM y de Cohetzala, el priísta Salvador Aguilar García.
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Asimismo, Lázaro Luna Corona, de Huehuetlán el Grande y emanado de Movimiento Ciudadano; el priísta José Eufracio Raúl Montes Hernández, de Lafragua; el petista Amelio Flores Sánchez, de Cuautinchán; José Luis Rechy Tirado, de Cuyoaco y emanado de Redes Sociales Progresistas (RSP); el petista David Martínez Rojas, de San Gabriel Chilac y el perredista Wilfrido Villanueva Martínez, de San Jerónimo Xayacatlán.
Finalmente, el petista José Rafael Núñez Ramírez, de San Martín Texmelucan; Pablo Morales Ugalde, de Palmar de Bravo y emanado de Pacto Social de Integración (PSI) y Braulio García Lezama, de San Diego la Mesa Tochimiltzingo y que llegó al poder por la coalición Puebla Unida.
Inhabilitan y multan a ex ediles de Atzizihuacán y Miahuatlán
Santiago Marín Domínguez, presidente municipal de Atzizihuacán en el periodo 2011 – 2014 y quien llegó al poder abanderando al Partido de la Revolución Democrática (PRD) será inhabilitado por seis años y seis meses para ocupar cargos en el servicio público y deberá pagar una sanción de 2 millones 200 mil 615 pesos, conforme establece el decreto emitido por el Congreso Local.
En el documento se indica que la autoridad desechó el recurso promovido por el ex edil para evitar el Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades número 52/2014, en el que se le señala por cometer daño patrimonial por un millón 760 mil 492 pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM) y deficiencias administrativas equivalentes a 32 mil 775 pesos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun).
Derivado de lo anterior, se resolvió que por el daño patrimonial cometido será acreedor a una sanción equivalente a una cuarta parte de la cifra observada, es decir 440 mil 123 pesos, de tal forma que deberá restituir 2 millones 200 mil 615 pesos.
Por otra parte, el priísta Juan Alcántara Balderas, ex presidente municipal en Santiago Miahuatlán, en el periodo 2011 – 2014, será inhabilitado por seis años, ya que también se desechó el recurso que promovió para evitar la sanción, que fue establecida por incurrir en deficiencias administrativas en “otros fondos” por un millón 382 mil 454 pesos.
Inician 16 Procedimientos de Determinación de Responsabilidades
Los 16 ex ediles a los que se iniciará un Procedimiento de Determinación de Responsabilidades, luego de que no pudieron solventar las observaciones de la ASE son Carlos Alejandro Valdez Tenorio, de Acatzingo, a quien se le señalaron inconsistencias en gastos de diversas obras públicas, por el orden de 160 mil pesos y Marbella Pilar Tlatelpa Bravo, de Ahuehuetitla, por no solventar inconsistencias en gastos en combustibles, lubricantes y aditivos, por un monto de 22 mil 53 pesos.
Asimismo, Gustavo Salomon Lara Torres, de Ajalpan, por inconsistencias en 520 mil 289 pesos gastados en obras públicas, arrendamiento de maquinaria, equipos, y herramientas, conservación y mantenimiento menor de inmuebles, reparación y mantenimiento de equipo de transporte, gastos de orden social y cultural y Alberto Ramos Moran, de Atzala, a quien se le observa un posible daño a la hacienda pública por el orden de 93 mil 630 pesos, por el cobro de predial y gastos en materiales, útiles y equipos menores de oficina, así como de orden social y cultural.
La lista continúa con José Isaías Velázquez Reyes, de Atzizintla, quien no justificó debidamente el gasto de 696 mil 386 pesos en materiales, artículos de construcción y reparación, prestaciones sociales y económicas, difusión en medios de comunicación, compra de equipo de cómputo y tecnologías de la información; mientras que José Ramiro López Medina, de Chiautzingo, no comprobó los 373 mil 567 pesos gastados en servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información, refacciones y accesorios menores de equipos de transporte, prendas de protección para seguridad pública, servicios legales de contabilidad, auditoría y relacionados.
El ex edil de Cohetzala, Salvador Aguilar García tiene observaciones en los ingresos del predial, gastos en productos alimenticios para personas, de orden social y cultural y en servicios generales por el orden de 141 mil 234 pesos; Lázaro Luna Corona, de Huehuetlán el Grande, incumplió con la solventación de aparentes inconsistencias en el cobro de predial, pagos por derechos de agua, gastos de combustibles, lubricantes y aditivos y en herramientas menores, que representan en conjunto 29 mil 689 pesos.
A José Eufracio Raúl Montes Hernández, de Lafragua, también se le observan irregularidades en el cobro del predial, servicios del registro civil, gastos en un ceremonial y en transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras, lo que significa un presunto daño patrimonial por 466 mil 100 pesos.
Amelio Flores Sánchez, ex edil de Cuautinchán, tiene observaciones en obras públicas por un monto de 226 mil 225 pesos; José Luis Rechy Tirado, Presidente Municipal de Cuyoaco, no solventó inconsistencias por 2 millones 888 mil 630 pesos en el cobro de predial, pagos por desechos de agua y gastos en combustibles, lubricantes y aditivos, energía eléctrica, servicios legales de contabilidad, auditoría y relacionados, así como ayudas sociales a personas.
David Martínez Rosas, ex munícipe de San Gabriel Chilac, enfrenta observaciones por un monto de 608 mil 810 pesos en los sueldos base para el personal permanente, gastos en combustibles, lubricantes y aditivos, así como ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro; Wilfrido Villanueva Martínez, ex presidente de San Jerónimo Xayacatlán, no justificó debidamente gastos en materiales y artículos de construcción y reparación, combustibles, lubricantes y aditivos en los que gastó 73 mil 863 pesos y José Rafael Núñez Ramírez, de San Martín Texmelucan, no comprobó un millón 811 mil 174 pesos gastado en obras públicas y pagos de servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados.
Finalmente, Pablo Morales Ugalde, ex edil de Palmar de Bravo, no solventó observaciones relacionadas con los sueldos base del personal permanente, compras, procesos de adjudicación, gastos en servicios de limpieza y mantenimiento de inmuebles, que en conjunto representarían un daño patrimonial superior a los 487 mil pesos y a Braulio García Lezama, ex presidente municipal de San Diego la Mesa Tochimiltzingo, se le observa la falta de solventación en presuntas irregularidades detectadas en “ayudas sociales a personas”, por un monto de 5 mil 600 pesos.