El Secretariado Ejecutivo contabilizó en el primer cuatrimestre de este año un total de dos mil 351 violaciones a la ley en materia de hidrocarburos en todo México
En el periodo de enero a abril de este año se registraron 397 casos de comercialización o extracción ilegal de hidrocarburo en Puebla y con ello se mantuvo en primer lugar a nivel nacional con el mayor número de ilícitos, según el informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
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De acuerdo con el documento de acceso público, en los primeros cuatro meses de este año se iniciaron casi 400 carpetas de investigación en territorio estatal por delitos del fuero federal relacionados con la extracción ilegal, compra, distribución y/o comercialización de hidrocarburo.
Ante esto, Puebla se mantuvo como el estado del país con más delitos relacionados con la sustracción ilegal de hidrocarburo, infringiendo la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.
A nivel nacional, el Secretariado Ejecutivo contabilizó en el primer cuatrimestre de este año un total de dos mil 351 violaciones a la ley en materia de hidrocarburos, a la entidad poblana le siguió Estado de México con 270 y Nuevo León con 250, desplazando a Hidalgo que históricamente se había mantenido entre los tres primeros lugares.
Este ilícito del fuero federal en la entidad se ha comportado de la siguiente manera, en 2019, cuando el gobierno federal inició con el registro de información, se documentaron mil 481 averiguaciones; 2020 se sumaron 937; 2021 con mil 043; 2022 tuvo 664; y 2023 cerró con mil 132 reportes.
Hay que mencionar que la ley del fuero federal castiga a quienes sustraigan hidrocarburos, petrolíferos, petroquímicos, de ductos, vehículos, equipos, instalaciones o activos, sin derecho y sin consentimiento de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribuidores o de quien pueda disponer de ellos con arreglo a la ley.
Las sanciones dependen de la cantidad de litros que hayan sido apropiada de manera irregular, pero van desde 4 a 12 años de prisión y una multa de 4 mil a 17 mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente.